Consejo de la Judicatura transitoria elegirá a los fiscales

0
245

La duración de su período es indefinida. Los consejeros transitorios de la Judicatura estarán en su cargo hasta que se elija a los nuevos titulares. Mientras tanto, tendrán las mismas facultades y atribuciones legales que los consejeros permanentes.

Deberán continuar con los temas que los vocales cesados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio dejaron pendientes, entre ellos, los tres concursos de designación suspendidos por la evaluación.

Se trata de la renovación de 24 fiscales provinciales y la designación de 400 plazas de agentes fiscales y 7 000 cargos administrativos judiciales.

Una de las primeras decisiones que los cinco designados deben tomar es si reanudan los procesos que había iniciado la administración presidida por Gustavo Jalkh, que constaba de unos 12 000 candidatos. O si se hace una nueva convocatoria.

El Consejo Transitorio

suspendió esos concursos ya que parte de las denuncias contra la Judicatura -antes de la evaluación- apuntaban a irregularidades en los procesos previos para nombrar fiscales, jueces y notarios. Esas sospechas se ratificaron en la evaluación y fueron parte de los insumos para destituir a los exfuncionarios.

En medio del examen a los vocales, el juez multicompetente Eleuterio Aguilar dictó medidas cautelares para que los concursos se reanudaran pese a la evaluación, por una supuesta afectación de derechos para los postulantes. Pero días después retiró las medidas cautelares por problemas en la denuncia inicial.

Los cinco consejeros encargados son Marcelo Merlo, Aquiles Rigail, Zobeida Aragundi, Juan Pablo Albán y Angélica Porras Velasco. Todos abogados de profesión.

Ellos no se han pronunciado públicamente sobre su designación. Prefieren no hacerlo antes de ser posesionados por el Consejo Transitorio, el martes 19 de junio del 2018, a las 10:00.

Mientras tanto, continúan con sus actividades normales. Merlo, por ejemplo, dijo que sigue ejerciendo como abogado en libre ejercicio, como lo ha hecho en los últimos años desde que dejó el sector público en el 2002, cuando fue ministro de Gobierno del expresidente Gustavo Noboa.

Albán, en cambio, hasta el viernes estaba en Washington (Estados Unidos). Él es parte del equipo de abogados que asesora a los familiares del equipo periodístico de EL COMERCIO secuestrados y asesinado en abril, por disidentes guerrilleros.

Mientras que Zobeida Aragundi continuaba hasta el 15 de junio en la tarde atendiendo citas relacionadas con su labor profesional como abogada, en su oficina en el sexto piso de un edificio en el centro de Guayaquil.

Julio César Trujillo, presidente del Cpccs transitorio, indicó que los funcionarios encargados tendrán además facultades administrativas para evaluar a sus predecesores, a las cortes y a los tribunales.

Pero ya no podrán aplicar sanciones de destitución a los jueces por el error inexcusable. El uso “indiscriminado” para cesar jueces fue otra de las causales para la cesación de Jalkh y sus excolaboradores.

Trujillo adelantó que los exmagistrados que fueron “víctimas de esos abusos” podrán interponer acciones legales de reparación por esos procesos ante la Corte Constitucional. Hernán Ulloa, abogado de esos exjueces, adelantó que se analizarán acciones penales.

La designación de los nuevos consejeros titulares todavía no tiene un plazo determinado. No se ha aprobado aún un reglamento. Según la Constitución, los candidatos deberán provenir de la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General, la Defensoría Pública, el Ejecutivo y la Asamblea. Aunque, según los integrantes del Cpccs Transitorio, su mandato les permite modificar esos estamentos constitucionales.

En contexto

Los mandatos de evaluación y selección del Cpccs establecen que, ante el cese de autoridades, el Pleno podrá designar como encargado a cualquier ciudadano. Esto ha ocurrido con la Fiscalía, la ‘Súper’ de Economía, la Defensoría del Pueblo y la Judicatura.

El Cpccs transitorio encargó el consejo de la judicatura a cinco abogados

-Marcelo Merlo es abogado y tiene estudios en ciencias políticas y sociales. Ha tenido nueve cargos en el sector público. Fue Contralor (1985-1988).

-Aquiles Rigail es abogado y máster en educación. Fue candidato a la Vicepresidencia en 1984. Fue binomio de Rodrigo Borja por la I. Democrática.

-Zobeida Aragundi es abogada y licenciada en ciencias políticas. Fue asesora legislativa en 2012. Y fue candidata a jueza constitucional.

-Juan Pablo Albán es abogado especializado en derechos humanos. Es profesor y director del consultorio jurídico de la Universidad San Francisco.

-Angélica Porras es abogada y tiene un doctorado en procesos políticos contemporáneos. Trabajó en la Corte Constitucional, el IESS y el IAEN.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.