Fabricio Correa aceptó candidatura presidencial ante el Consejo Nacional Electoral

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El hermano del expresidente Rafael Correa, Fabricio Correa aceptó la candidatura a la Presidencia de la República junto a Marcia Yazbek para la Vicepresidencia, bajo el auspicio del movimiento Justicia Social, lista 11, esta mañana, en las oficinas de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE).

«Repudio el llamado a unificar la tendencia de derecha para que se muera la izquierda, el socialismo y no vuelva nunca más. No señor, en la izquierda hay pillos y en la derecha también (…) Yo convoco a un gran frente ciudadano», declaró Fabricio Correa en el acto.

Correa se mostró en contra del Código Orgánico de la Salud, advirtió que si llega a la Presidencia «tumba ese mamotreto» y también se dirigió a la vicepresidenta María Alejandra Muñoz y le pidió que renuncie si el presidente Lenín Moreno no veta esta normativa que aprobó el Pleno de la Asamblea.

«Si el presidente no veta la última resolución de la Asamblea contra la vida, contra la precocidad sexual, usted renuncie, coherentemente, con su visión de la vida que yo he defendido y a ti (Lenín) Moreno, no pases el papelón de que en la Presidencia tumbe todo ese mamotreto si no lo vetas», agregó.

Hasta el momento, también han aceptado sus candidaturas a la Presidencia: Gustavo Larrea por Democracia Sí, Guillermo Lasso por Creo, Andrés Arauz por Centro Democrático y Gerson Almeida por Ecuatoriano Unido.

El resto de candidatos tienen hasta el 3 de septiembre para cumplir con este trámite que es presencial e indelegable, según un reglamento aprobado por el CNE.

Justicia Social es una de las cuatro organizaciones políticas que presenta problemas para mantener su personería jurídica ante el CNE.

Esto, porque el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) aceptó parcialmente el recurso de apelación presentado por Diana Atamaint, titular del CNE, en contra del recurso subjetivo que planteó Justicia Social a la decisión de iniciar una revisión administrativa -por 30 días- de su inscripción en el Registro Permanente de Organizaciones Políticas, y suspenderlas mientras se resuelve el litigio.

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